La doctrina penal económica y la jurisprudencia del fuero judicial son extremadamente cautas en la imputación a los profesionales de ciencias económicas. El Contador o Síndico de una sociedad comercial no responde penalmente por el mero hecho de firmar balances o cargar declaraciones juradas basadas en la documentación que le entregó el directorio de la empresa. Para que exista responsabilidad penal en grado de partícipe necesario o coautor (Art. 45 y 46 CP), la fiscalía debe probar que el profesional colaboró activamente en la creación del ardid fraudulento, diseñó la ingeniería fiscal de evasión o asesoró dolosamente en la constitución de sociedades pantalla para evadir a ARCA / AFIP. Nuestro estudio brinda defensa técnica especializada para contadores públicos, demostrando su actuar dentro del secreto y estándar profesional lícito (defensa en delitos federales y penales económicos complejos).

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la Probation (Art. 76 bis CP) en delitos de la Ley 27.430 ha sido intenso en los tribunales federales. La redacción original de leyes tributarias anteriores prohibía el instituto, pero bajo los parámetros del Código Penal y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Casación Penal, hoy resulta admisible solicitar la Suspensión del Juicio a Prueba en figuras de Evasión Simple o Apropiación Indebida, siempre que el imputado carezca de antecedentes, el mínimo de pena lo permita y se ofrezca una reparación económica razonable del perjuicio fiscal ocasionado o se complemente con la extinción del Art. 16, estrategia que nuestro cuerpo letrado negocia con precisión técnica en el expediente (suspensión del juicio a prueba (probation) y extinción de antecedentes).

Las personas jurídicas (S.A., S.R.L., fiduciarias) son sujetos susceptibles de sanciones tributario-penales. El Artículo 13 de la Ley 27.430 establece que cuando el hecho delictivo hubiera sido ejecutado en nombre, con la intervención o en beneficio de una persona jurídica, se impondrán a la sociedad sanciones que van desde multas del 2 a 10 veces el valor del tributo evadido, suspensión total de actividades comerciales hasta por 5 años, hasta la cancelación de la personería jurídica. En forma simultánea, la responsabilidad penal carcelaria recae sobre los directores, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en el hecho punible. Nuestro equipo asume la defensa penal bicéfala: protegemos a la empresa como entidad comercial y blindamos la libertad personal de cada directivo imputado (blindaje de sociedades comerciales y empresas familiares).

El plazo de prescripción de la acción penal tributaria está regido por la pena máxima señalada para cada delito (Art. 62 inc. 2 CP). En consecuencia, para los delitos de Evasión Simple y Apropiación Indebida (pena máxima de 6 años), la prescripción opera a los 6 (seis) años de cometido el hecho o de la última declaración jurada engañosa. Para la Evasión Agravada (pena máxima de 9 años), la prescripción es de 9 (nueve) años. No obstante, dicho plazo se interrumpe con actos procesales clave como el llamado a declaración indagatoria o el requerimiento de elevación a juicio. Nuestra auditoría forense computa escrupulosamente los plazos en cada expediente del fuero penal económico para plantear la excepción de prescripción y lograr el sobreseimiento por transcurso del tiempo legal.