Abogados Penalistas en San Martín

Defensa Penal Estratégica en el Departamento Judicial de San Martín. Si enfrenta una imputación penal, ha sido citado a una indagatoria o un ser querido fue detenido, necesita asistencia legal inmediata. Nuestros Abogados Penalistas en San Martín actúan con celeridad para proteger sus derechos y su libertad.

Acción Legal Inmediata

Nos movilizamos con rapidez para asistirlo en la comisaría o fiscalía, garantizando que no se vulneren sus derechos desde el primer instante.

Expertos en la Jurisdicción

Conocimiento exhaustivo del funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y Fiscalías del Departamento Judicial de San Martín.

Estrategia de Defensa Sólida

Analizamos cada detalle de la causa (IPP) para construir la estrategia de defensa más sólida y efectiva para su caso particular.

Confidencialidad Garantizada

Manejamos cada caso con la máxima reserva y profesionalismo, entendiendo la sensibilidad de la situación que atraviesa.

Defensa Penal en Todo Tipo de Delitos

Nuestro estudio jurídico penal en San Martín asume la defensa en una amplia gama de figuras del Código Penal y leyes especiales. Nuestra práctica incluye:

Otros temas del proceso penal

Accidentes de Tránsito

Defensa en causas por lesiones u homicidios culposos derivados de accidentes viales. Asesoramiento desde el momento del hecho.

Defensa por Lesiones y Amenazas

Representación legal en imputaciones por lesiones (leves, graves, gravísimas) y coacción o amenazas.

Robo y Hurto

Asistencia y defensa en todo el proceso por delitos contra la propiedad, desde la indagatoria hasta el juicio oral.

Estafas y Defraudaciones

Defensa técnica en delitos económicos, incluyendo estafas, administración fraudulenta y libramiento de cheques sin fondos.

Excarcelación y Eximición de Prisión

Presentamos solicitudes de liberación y eximición de prisión con argumentos sólidos para que transite el proceso en libertad.

Tenencia de Estupefacientes

Asistencia legal en causas por infracción a la Ley 23.737, tanto en tenencia para consumo como en comercialización.

Su Ventaja: Abogados Penalistas en San Martín

La defensa penal exitosa exige un conocimiento profundo del terreno. Como abogados penalistas en San Martín, nuestra práctica diaria se desarrolla en los pasillos del Departamento Judicial de San Martín.

Esta experiencia directa con las Fiscalías, Juzgados de Garantías y Tribunales Orales en lo Criminal (TOC) de la jurisdicción nos permite diseñar estrategias realistas y efectivas, moviéndonos con la celeridad que su caso requiere.

Abogados Penalistas en San Martin

Preguntas Urgentes sobre Abogados Penalistas en San Martín

Mantener la calma y no dar ninguna información en la comisaría. Su única acción debe ser contactar de forma inmediata a un abogado penalista. Nuestros Abogados Penalistas se presentaran, tomarán vista de la causa y garantizarán que se respeten todos los derechos de la persona detenida.

Es el acto de defensa más importante de la etapa inicial. El Fiscal le comunicará formalmente de qué delito se lo acusa y qué pruebas tiene. Es fundamental que asista con su abogado. La estrategia más común y segura es negarse a declarar hasta que su defensor haya estudiado el expediente por completo.

Sí. Aún si se dicta una prisión preventiva, su abogado puede solicitar la excarcelación. Para ello, se argumenta ante el Juez de Garantías de San Martín que no existen ‘riesgos procesales’, es decir, que no hay peligro de que se fugue o entorpezca la investigación, buscando que pueda esperar el juicio en libertad.

Mientras que el defensor oficial es un derecho garantizado por el Estado, un defensor particular le ofrece una dedicación exclusiva y una comunicación directa y permanente. Nos abocamos 100% a su caso, con una estrategia personalizada desde el primer minuto.

Una Acusación Penal Requiere una Defensa Especializada. Contacte a Nuestros Abogados Penalistas en San Martín

Su libertad, patrimonio y reputación están en juego. No afronte este proceso solo. Póngase en contacto con nuestro estudio de abogados penalistas en San Martín para una consulta urgente y estrictamente confidencial.

Quién juzga tu causa en San Martín y por qué eso depende de la pena

Cuando la investigación se cierra y la causa se eleva a juicio, la primera pregunta práctica no es cuándo sino ante quién. La ley 11.922 reparte esa competencia según la pena máxima en abstracto del delito imputado, no según la pena que se espera recibir.

ÓrganoCuándo intervieneArtículo
Juez en lo CorreccionalDelitos con pena no privativa de libertad, o privativa cuyo máximo no exceda de seis años. También faltas y contravenciones municipales, policiales o administrativas.art. 24
Tribunal en lo Criminal, un juezDelitos cuya pena máxima en abstracto no exceda de quince años, o concursos en que ninguno supere ese monto.art. 22
Tribunal en lo Criminal, tres juecesDelitos de funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones, o cuando el imputado o su defensor requieren la integración colegiada.art. 22
Tribunal de juradosDelitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince años.art. 22 bis

Elegir tres jueces en lugar de uno es una decisión de la defensa

Es una facultad que mucha gente ignora que tiene. El artículo 22 permite al imputado o a su defensor requerir la integración colegiada, y esa opción debe ejercerse dentro del plazo del artículo 336, es decir en los quince días que hay para oponerse al requerimiento fiscal.

Y arrastra a los demás imputados

El mismo artículo aclara que si hay dos o más imputados con pluralidad de defensores, la elección del juzgamiento colegiado por uno de ellos obliga en igual sentido a los restantes. Si fueran dos, la opción de uno obliga al otro.

O sea que en causas con varios imputados la decisión de una defensa condiciona a las demás, y conviene que sea una conversación previa y no una sorpresa.

Por qué se pierde por no pedirlo a tiempo

La ventana para pedirlo es corta y coincide con el momento más cargado de la etapa: los mismos quince días en que hay que decidir si oponerse a la elevación, si instar el sobreseimiento o si plantear un cambio de calificación. Si nadie lo pide, la causa queda con un solo juez.

El juez correccional no sólo ve delitos

El artículo 24 le asigna dos competencias más que suelen pasar inadvertidas y que en la práctica aparecen seguido. Interviene en carácter originario y de alzada respecto de faltas o contravenciones municipales, policiales o administrativas, según lo dispongan las leyes pertinentes. Y conoce en la queja por denegación de los recursos previstos en ellas.

Eso significa que una sanción contravencional o una multa administrativa discutida no muere necesariamente en la sede que la impuso: tiene una instancia judicial de revisión prevista en el propio código procesal penal.

«Pena máxima en abstracto» no es lo que te van a dar

Es la confusión más común al leer estos artículos. El umbral se mide sobre el máximo que la ley prevé para el delito imputado, no sobre la pena que la fiscalía va a pedir ni sobre la que finalmente se imponga.

Por eso una causa puede terminar en un tribunal colegiado aunque todos descuenten que la pena concreta será baja: lo que define el órgano es la escala del tipo penal, no el pronóstico.

De la elevación al debate: qué pasa en el medio

Entre que el fiscal pide la elevación y que empieza el debate hay una secuencia de plazos cortos donde se define buena parte de lo que después se podrá discutir.

  1. 15 díasLa oposiciónEl artículo 336 notifica al defensor las conclusiones del requerimiento fiscal. En ese plazo puede oponerse instando al sobreseimiento, pedir el cambio de calificación legal u oponer las excepciones que correspondan.
  2. 5 díasLa resoluciónEl artículo 337 le da ese término al juez de garantías. Si no hace lugar, dispone por auto la elevación. Si nadie se opuso, el expediente se remite por simple decreto.
  3. Recibida la causaComienza la etapa de juicioEl artículo 338 lo dice así: recibida la causa e integrado el tribunal, comienza el juicio. Si es por jurados, se sortea el juez que dirigirá el debate.
  4. 10 díasRecusaciones y ofrecimiento de pruebaLas partes son citadas a juicio por ese plazo individual para interponer recusaciones y ofrecer la prueba que usarán en el debate.

La audiencia preliminar, y cuándo es obligatoria

En esa misma oportunidad de los diez días, las partes deben manifestar expresamente si consideran necesario realizar una audiencia preliminar. Si alguna lo pide, se fija en el plazo más breve posible. Y cuando el juicio es por jurados, esa audiencia es obligatoria.

Lo que se trata ahí no es menor. El artículo 338 enumera, entre otras cosas, las pruebas que las partes usarán en el debate y el tiempo probable que durará, y la validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que vayan a utilizarse.

Por qué conviene pedir la audiencia preliminar

Ese segundo punto es la razón por la que la audiencia preliminar importa tanto: es el momento previsto para discutir si un acto de la investigación puede entrar al debate o no. Discutirlo ahí, y no cuando la prueba ya se produjo delante del tribunal, cambia completamente la posición.

Apelar el auto de elevación

El artículo 337 cierra con una regla que condiciona todo lo anterior: el auto de elevación a juicio será apelable por el defensor que dedujo la oposición. Quien no se opuso en los quince días del artículo 336 no tiene después esa vía.

Las causales para instar el sobreseimiento están en archivo y sobreseimiento, y la alternativa del acuerdo en juicio abreviado.

Los recursos y los plazos que se pierden por no conocerlos

Después de la sentencia hay dos vías distintas, y no se eligen: dependen de qué órgano juzgó y de qué se está impugnando.

A
Apelación

El artículo 439 la habilita contra las decisiones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable, y también contra las sentencias de juicio oral en lo correccional y las de juicio abreviado o directísimo de igual materia.

C
Casación

El artículo 450 la habilita contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, abreviado y directísimo en lo criminal. También contra autos de la Cámara que denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución.

RecursoPlazoDetalle
Apelación de un auto5 díasDesde notificado o conocido el auto declarado apelable (art. 441).
Apelación de sentencia definitiva20 díasEl mismo artículo 441 fija ese plazo mayor.
Casación: aviso previo7 díasManifestar ante el órgano que dictó la resolución la intención de recurrir. Sin eso queda firme.
Casación: escrito fundado20 díasBajo sanción de inadmisibilidad, con un resumen adjunto (art. 451).
Resolución de la apelación6 mesesPlazo total desde el sorteo y adjudicación a la Sala, prorrogable por otros seis en casos complejos.

Los siete días que dejan firme una condena

Es el error más caro de esta etapa. El artículo 451 exige dos cosas distintas: el escrito fundado dentro de los veinte días y, dentro de los primeros siete, manifestar ante el órgano que dictó la resolución la intención de recurrir en casación.

Quien omite esa manifestación queda con la resolución firme y consentida, aunque después presente el escrito en término. Y si falta el resumen, se intima a acompañarlo en tres días bajo apercibimiento de inadmisibilidad.

Condena dictada por un jurado

El artículo 448 bis establece que el recurso contra la condena dictada en juicios por jurados puede interponerse por los mismos motivos que cualquier otra casación, es decir por inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial, y cuando nuevos hechos o elementos de prueba evidencien que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió.

El mapa completo de recursos está en apelación y casación.

También reclamos por accidentes de tránsito

El estudio trabaja los reclamos civiles por choques en el departamento judicial.

A
Accidentes de tránsito en San Martín

El contrato de transporte y el seguro obligatorio.