En el marco del litigio procesal contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, existía una intensa discusión doctrinaria y judicial respecto a si las mejoras en los montos indemnizatorios introducidas por sucesivas reformas legislativas podían aplicarse de manera retroactiva a trabajadores accidentados meses o años antes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el emblemático Fallo Espósito, puso término a dicha controversia hermenéutica con un pronunciamiento de rigor constitucional.

El Tribunal Supremo sentó como doctrina legal inamovible que la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo se rige con estricta sujeción a las pautas tarifarias y normativas vigentes a la fecha en que se produjo el evento lesivo o se consolidó jurídicamente la incapacidad. De tal manera, no resulta jurídicamente procedente aplicar índices de actualización posteriores (como el RIPTE introducido por la Ley 26.773) a contingencias pretéritas, preservando la seguridad jurídica del sistema y obligando a los letrados a litigar las compensaciones económicas bajo los institutos constitucionales generales cuando las tarifas antiguas resulten confiscatorias.