En el lenguaje cotidiano de las familias en conflicto, es habitual escuchar la frase: 'Mi papá le regaló el departamento a mi hermano, quiero que se anule esa escritura'. Desde el rigor técnico procesal, el ordenamiento jurídico argentino no anula automáticamente la donación por el solo hecho de existir, sino que obliga a reconstruir matemáticamente el patrimonio de la familia a través de dos mecanismos jurídicos distintos que nuestro cuerpo letrado articula en forma principal y subsidiaria según el caso:

1. La Acción de Colación (Art. 2385 CCyC): Es una acción personal entre coherederos forzosos (hermanos o cónyuge superstite). Su finalidad no es revocar la donación ni quitarle la propiedad al hermano que la recibió, sino igualar el reparto económico. En lenguaje claro: el legislador considera que cuando el padre le regaló una casa a un hijo en el año 2018, en realidad le estuvo pagando por adelantado su parte de la herencia. Por lo tanto, al abrirse la sucesión en 2026, el valor de esa casa se suma al total del dinero e inmuebles que dejó el fallecido (formando la masa de cálculo). Al momento de repartir, el hermano que ya recibió la casa en vida tomará menos bienes (o ninguno) de la sucesión actual, compensando exactamente en dinero o propiedades a los hermanos que no habían recibido nada.

2. La Acción de Reducción por Donaciones Inoficiosas (Art. 2450 y 2453 CCyC): Es una acción real y patrimonial de gravedad superior. Procede cuando la donación que hizo el padre fue tan desmesuradamente grande que violó la porción legítima inviolable (los 2/3) y ya no quedan bienes suficientes en la sucesión para pagarle su parte a los demás hermanos. En este escenario extremo, la ley nos autoriza a reducir (recortar o anular parcialmente) la donación, exigiendo que el donatario devuelva el excedente en dinero o, si no quiere o no puede, restituya materialmente el inmueble o bien donado al acervo sucesorio para ser rematado o adjudicado.

Nuestra estrategia letrada, desarrollada exhaustivamente en la guía procesal definitiva del juicio de sucesión en Argentina, consiste en peritar cada transferencia patrimonial realizada por el causante en los últimos 10 años, auditando cuentas bancarias, declaraciones juradas de AFIP/ARCA y protocolos notariales en delegaciones de Palermo, San Isidro y CABA para encuadrar la acción con matemática precisión y asegurar la viabilidad de la condena judicial.