Conserve la calma y actúe con máxima firmeza técnica. Primero: exija que le exhiban la orden escrita original; verifique que esté firmada por un juez de garantías o federal (no basta un oficio fiscal ni policial sin firma judicial en allanamientos ordinarios) y que la dirección coincida exactamente con la suya. Segundo: controle que ingresen de inmediato dos testigos civiles vecinos del lugar (no pueden ser policías ni subordinados) y exija que acompañen a los agentes en cada habitación que revisen. Tercero: comuníquese de inmediato al número de urgencia judicial de nuestro estudio (guardia penal 24 hs ante juzgados de CABA y AMBA). No firme ningún acta ni preste declaración verbal sobre los objetos hallados hasta que nuestro abogado defensor esté presente o haya revisado el documento.

De ninguna manera. Existe el principio constitucional supremo de la prohibición de la autoincriminación forzada (Art. 18 de la Constitución Nacional y Art. 8.2 inc. g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos): nadie puede ser obligado a declarar ni a aportar pruebas en su propia contra. Forzar físicamente el dedo de un detenido sobre el lector biométrico del celular o colocar el aparato por la fuerza frente a su rostro (Face ID) constituye una coacción ilegal grave y un abuso de autoridad tipificado en el Código Penal (formulación y patrocinio judicial de denuncias penales). Si la policía realiza esta maniobra sin una orden judicial específica de compulsión física pericial dictada con todas las garantías legales, el desbloqueo y todos los datos obtenidos son absolutamente nulos e inaprovechables en el juicio.

Se aplica la doctrina judicial sobre el hallazgo casual o 'plain view doctrine', pero bajo controles estrictos de legalidad. Si en el marco de una orden de allanamiento legítima para secuestrar libros contables de una empresa (defensa y querella en estafas y defraudaciones económicas) los agentes policiales abren un cajón y observan a simple vista un arma de fuego sin registrar o una sustancia prohibida (defensa en causas por estupefacientes y tenencia), la policía debe detener el registro, notificar de inmediato al juez de turno con competencia en esa materia (generalmente otro juzgado federal o correccional) y solicitar una ampliación o nueva orden de secuestro específica. Si los agentes secuestran los elementos arbitrariamente o si el hallazgo se produjo revisando lugares incompatibles con la orden inicial (ejemplo: abrir una pequeña caja de joyas cuando la orden solo autorizaba buscar computadoras de escritorio), ese secuestro secundario es nulo y se impugna exitosamente en tribunales.

La retención indefinida e injustificada de dispositivos informáticos y herramientas profesionales de trabajo constituye una violación al derecho constitucional de ejercer industria lícita y de propiedad (Art. 14 y 17 CN). Una vez realizada la pericia informática de extracción forense (copia espejo forense de los datos con software Cellebrite o UFED en presencia de nuestro perito de parte), el aparato físico ya no es necesario para el expediente judicial, pues la prueba es ahora el archivo digital extraído. Nuestro estudio interpone de inmediato un Pedido Judicial de Restitución de Efectos Secuestrados (Art. 238 CPPN / Art. 231 CPPBA), logrando en pocos días que el juez ordene devolverle su teléfono celular, notebooks corporativas y dinero en efectivo secuestrados que no constituyan cuerpo del delito.